Se hizo realidad la amenaza del presupuesto centralista y de campaña, la cual fue advertida por actores de la sociedad civil y descrita en nuestro encarte “Presupuesto 2010: el MEF de espaldas al Perú”. El pasado viernes 27 de noviembre, el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para 2010. Esta ley asigna S/.81.857 millones a los distintos niveles de gobiernos, un 13.1% más de lo que se asignó en 2009. A pesar de este aumento, los gobiernos locales recibirán considerablemente menos recursos que en el año anterior y los gobiernos regionales apenas aumentarán lo suyo, mientras que el gobierno central recibirá más de 3.000 millones de soles adicionales para la inversión y controlará más del 70% del presupuesto.
La ley aprobada contiene algunos cambios menores al Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo en agosto. Pero el monto total es casi igual al propuesto originalmente (varía en menos de 1%) y no hay cambios sustanciales en su estructura que atiendan los reclamos de la sociedad civil para revertir la preocupante recentralización del proyecto entregado al Congreso. Tampoco se modificaron las características que lo convertían en un presupuesto de campaña, donde se aumentan dramáticamente los recursos de Foncodes y de otros fondos controlados desde el Ejecutivo, como JUNTOS, que son susceptibles de ser utilizados con fines electoreros.
Lo que se exigía desde la sociedad civil no eran cambios menores sino modificaciones sustantivas. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE) plantearon una propuesta alternativa frente al recorte de S/. 2.550 millones de los gobiernos locales. Esta propuesta fue entregada y presentada a la Presidencia del Congreso, al MEF y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Proponía redistribuir la asignación de los recursos de inversión al trasladar una parte de la Reserva de Contingencia y las partidas asignadas a proyectos que corresponden a competencias locales y regionales. Así, los gobiernos locales podrían disponer de un 35% de los recursos de inversión en lugar del 21% planteado por el Ejecutivo, mientras que el gobierno central pasaría de controlar 61 al 47%.
Finalmente no se tomaron en cuenta estas propuestas. El cambio más significativo que se puede mencionar, luego de negociaciones con el MEF, es que el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal incrementó su presupuesto de S/.500 millones a S/.700 millones. Es decir, se compensó menos del 10% del monto del recorte presupuestario a los municipios. Y en un programa controlado por el MEF y sin reglamento que establezca como funcionará.
Ante esta situación es indignante el cinismo de un Premier que declara que el Presupuesto aprobado garantiza el proceso de descentralización y busca optimizar los beneficios del crecimiento¹. Sin embargo, no debe sorprendernos el resultado final del proceso presupuestario 2010. Como se destacó en el encarte de OtraMirada, se requiere de cambios institucionales y de política económica para que el proceso presupuestario pueda estar orientado al desarrollo y no sólo a cumplir con metas técnicas del MEF o con prioridades de campaña del presidente. Se requiere de un ente planificador efectivo y con capacidad de decisión, y que los gobiernos subnacionales tengan mayor autoridad en el proceso presupuestario. Los partidos y movimientos políticos que participen en los próximos procesos electorales, ¿tomarán en serio el tema de la reforma del proceso presupuestario y lo incorporarán a sus plataformas de propuestas?
