Germán Alarco Tosoni
Investigador principal CENTRUM Católica
La realidad de estos tiempos nos obliga a estar en alerta máxima. Mañana o en una semana, a nuestras autoridades municipales, estatales o nacionales se les puede ocurrir vender a la iniciativa privada el parque que tenemos cerca o los escasos metros cuadrados del retiro municipal frente a nuestras viviendas. Si las conciencias se comercializan fácilmente, dirán nuestras autoridades, hay espacio suficiente para vender lo que sea o desarrollar “proyectos conjuntos” con la iniciativa privada. Es un virus por deshacerse de todo en aras del “progreso”.
La lista de proyectos gubernamentales comprende la infraestructura pública, vías urbanas (Av. Javier Prado, Brasil y Alfonso Ugarte), las obras del Museo de Arte de Lima, edificios públicos (incluidos algún cuartel, el Hospital Larco Herrera y el Puericultorio Pérez Araníbar), ruinas arqueológicas, nuestra selva para hidroeléctricas extranjeras, la vista desde la Costa Verde y quien sabe que más. No se trata que ahora pertenezcamos al club de los perros del hortelano, pero las razones que se aducen tienen un contenido limitado. Son una mezcla extraña de pragmatismo que trasunta pura ideología liberal, se omiten también consideraciones técnicas, sociales y económicas. No nos referiremos a las razones “estratégicas” que se aplican en otros países como EE.UU., ni a los problemas que se suscitan en estas operaciones.
Externalidades negativas
Toda actividad productiva debe generar ingresos, pero estos no lo son necesariamente para el conjunto de la sociedad. Si una empresa destruye el ambiente, elimina áreas verdes, arroja desperdicios, contamina el aire, provoca ruidos excesivos, deteriora las condiciones de vida de terceros, genera menores ingresos a otros productores, está provocando externalidades negativas. En economía las externalidades se corrigen evitándolas (limitándolas o prohibiéndolas) o mitigándolas a través de señales de mercado: impuestos y subsidios específicos, respectivamente, para quien la genera o para el perjudicado.
Los costos variables reducidos y la nula generación de emisiones de CO2 posicionan a la energía hidráulica entre las mejores. Sin embargo, la situación no sería tan positiva, si toda la energía generada a partir de los proyectos promovidos desde el Brasil se exporta y cuando en la construcción de las represas se producirían daños relativos a la destrucción de bosques, la reubicación de miles de pobladores, reducción de fuentes de captura de carbono, afectaciones sobre los ríos, flora y fauna, desaparición de actividades alternas, entre otras.
El acceso y vistas de la población al mar o a una zona arqueológica son un bien público, para el disfrute de todos, pero la perspectiva oficial es convertirla en un bien privado que validaría la existencia de peruanos de diferentes categorías. Nuestras autoridades se olvidan de la estructura tan desigual de distribución del ingreso, donde coexisten algunos sin capacidad de pago. Estos, ¿por donde van a circular?, ¿habrá que confinarlos al gheto- o mejor dicho- al trapecio andino?. La modernización del aeropuerto Jorge Chávez es positiva pero la contaminación visual al interior es excesiva y superior a los estándares internacionales.
Privatización desenfocada
Es obvio que las calles de Lima, el transporte público y privado son un perfecto desastre incubado desde hace décadas atrás. La primera pregunta que surge aquí es si a través del racionamiento de mercado que impondría la privatización (con o sin peaje) se resolverían sus múltiples problemas. ¿Cuáles serían las vías alternativas libres?, ¿tendrían la capacidad de resistir los nuevos flujos vehiculares?, ¿de qué forma se resolvería la problemática del transporte público?, ¿cuál sería el aporte marginal de los privados conociendo que en general las vías propuestas: Javier Prado, Brasil o Alfonso Ugarte se mantienen razonablemente?.
Ideología pura y ausencia de planes
La política de venta de los edificios públicos también tiene poco sentido. Nuestras autoridades han evaluado los costos para los ciudadanos de alejar los edificios públicos de las zonas céntricas, ¿porqué fragmentarlos en oficinas provisionales?, ¿Por qué llevarlos a zonas menos “agradables”?, ¿dónde están las nuevos edificios públicos que sustituyen a los anteriores?, ¿cuál es el gran plan de reubicación?. Valió la pena lo que se hizo en Collique dándole el puntillazo final a la aeronáutica civil?. En el peor de los casos, porqué no se pensó en crear un gran parque público, áreas verdes, para un cono norte tan abigarrado, desordenado y poco amigable a las personas?.
El Puericultorio y el Larco Herrera son efectivamente excesivos para las poblaciones que ahora albergan, como resultado de problemas presupuestales y del descuido estatal. Los niños y enfermos que están abandonados podrían llenar no uno sino varias veces las instalaciones existentes. ¿Vale la pena comprometernos a financiar en el largo plazo a un concesionario privado en el puerto de Paita, cuando sólo traería inversiones menores al dinero que podría recibir del Estado?, ¿es el sector privado menos corrupto que el público?.
La vida en sociedad sólo es posible cuando nos autolimitamos y cuando ésta se regula adecuadamente. Hay que pensar multifactorialmente, más allá de lo comercial y con una perspectiva desde la equidad. Sino le ponemos límite a esta nueva lógica, porque habría que ponerle coto a la siembra de coca y a la producción de cocaína que valoriza las tierras de nuestra Ceja de Selva, o a las madres que alquilan (o venden) a sus hijos para la mendicidad. Basta ya de la lógica del todo se vale.
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